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Notas de Prensa


La Ley de Dependencia, mucho por hacer
En nuestra sociedad, donde el porcentaje de población mayor de 65 años va en aumento era necesario cubrir el vacío legal que existía en la protección y ayuda a los mismos, la Ley de la Dependencia vino a ser la respuesta ante dicha demanda. Sin duda, esta normativa es un gran paso para consolidar el denominado Estado de Bienestar, ya que incluye a un sector poblacional con un nivel de dependencia elevado, dentro del sistema de ayudas estatales, hasta ahora olvidado.
A dos años de la entrada en vigor de la normativa estamos en pleno debate sobre su financiación. Recientemente el Consejo Territorial de la Dependencia acordaba que las personas dependientes con una renta inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es decir, 516,90 euros, quedarán exentas del “copago” o de la cofinanciación de las prestaciones y servios de la ley, existiendo baremos que computen la parte proporcional al resto de rentas.

Esta ley supone una importante aportación para la ayuda a las familias con personas dependientes a su cargo, facilitándole bien la contratación de personal cualificado o bien brindándoles la oportunidad de llevar a su familiar a un centro especializado en su cuidado, como pueden ser los centros de día.

Para que la nueva normativa alcance toda la eficacia deseada es necesario realizar campañas o actividades informativas sobre todas las posibilidades que se les ofrece a las familias, ya que según los primeros resultados recogidos, en algunas Comunidades Autónomas se está haciendo un uso fraudulento de la ayuda estatal.

Son muchas las personas que han solicitado la subvención y con el dinero obtenido han contratado a personal doméstico no cualificado, responsable en última instancia del familiar dependiente. Esto no solamente conlleva una mala utilización de la ayuda, sino que ésta al no estar siendo proporcionada por un profesional, el usuario no recibe los cuidados necesarios y propios de su patología. El resultado, no mejorará su calidad de vida, que es el fin que se pretende alcanzar. Es prioritario, por tanto, un mayor control.

Desde este punto de vista, en el último Consejo Regulador de Dependencia también se llegó al acuerdo de que en 2015 el cien por cien del personal de residencias, centros de día y demás dependencias similares, tenga un título o cualificación profesional; es decir, aquella persona que lleve a su familiar a uno de estos centros podrá estar seguro que el cuidado del mismo estará llevado a cabo por un equipo de profesionales formados específicamente para esta tarea.

Lejos queda la poco beneficiosa opción de contratar a personal doméstico no cualificado.
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